(Bethlehem, 26 August 2026)

BADIL y la Global Palestinian Refugee and IDP Network (GPRN) se oponen a los Acuerdos de Isaac y a la creciente normalización de las relaciones entre los Estados de América Latina y el régimen israelí. Lanzados por Argentina y el régimen israelí en abril de 2026, los Acuerdos de Isaac buscan consolidar e institucionalizar las relaciones políticas, económicas y de «seguridad» de Israel en toda la región, formalizando vínculos cultivados durante décadas a través de estructuras más amplias del poder sionista-israelí y del imperialismo estadounidense. Los Acuerdos plantean explícitamente la coordinación en materia de «terrorismo», narcotráfico e Irán, junto con la cooperación en tecnología, comercio y apertura económica. Al incorporar estas formas de colaboración a estructuras estatales formales, los Acuerdos profundizan y legitiman las relaciones coloniales e imperiales mediante las cuales se ha construido y extendido el poder israelí en toda la región. Esta cooperación afianza la dominación colonial israelí, niega los derechos inalienables del pueblo palestino, facilita la represión de la resistencia y normaliza crímenes internacionales bajo la apariencia de acuerdos de cooperación.

Utilizamos «Latinoamérica» para referirnos a los Estados y las formaciones políticas, reconociendo al mismo tiempo la diversidad de los pueblos de Abya Yala, sus historias, identidades y luchas contra el poder colonial e imperial. Utilizamos «sionista-israelí» para reflejar las redes interconectadas a través de las cuales se proyecta y reproduce el poder colonial israelí.

Al profundizar la cooperación en materia de «seguridad», «innovación» y comercio, los Acuerdos incorporan estas relaciones coloniales a las estructuras políticas y económicas formales, dotándolas de una mayor permanencia y legitimidad. Impulsado por American Friends of the Isaac Accords a través de la Fundación del Premio Génesis  – ambas instituciones estadounidense-israelíes - , el proyecto ya se está extendiendo más allá de Argentina. Uruguay, Panamá y Costa Rica figuran entre las primeras prioridades, mientras que Brasil, Colombia, Chile y, potencialmente, El Salvador aparecen como próximos objetivos. En junio de 2026, legisladores de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Guatemala, Panamá, Paraguay, Uruguay, Costa Rica y Venezuela se reunieron en Buenos Aires y se comprometieron a estrechar la cooperación con el régimen israelí en el marco de los Acuerdos.

La intervención sionista-israelí en América Latina tiene una larga historia. Desde la década de 1960, el régimen israelí ha establecido vínculos militares, de seguridad y económicos con gobiernos implicados en la represión de movimientos anticoloniales y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas y rurales, a menudo como parte de redes más amplias del poder imperialista estadounidense. Los ejemplos son numerosos: En Guatemala, las armas, los aviones, el entrenamiento y la asistencia militar israelíes contribuyeron a sostener al ejército durante el genocidio contra el pueblo maya. Vínculos similares se desarrollaron en El Salvador, así como mediante el suministro de armas durante la «Guerra Sucia» de la junta militar argentina y la profundización de la cooperación militar y económica con el régimen de Pinochet en Chile tras el golpe de Estado de 1973.

Estas alianzas no fueron meramente simbólicas: proporcionaron recursos, capacidades y respaldo político a regímenes que defendían y reproducían estructuras coloniales e imperiales frente a la resistencia popular.

Esta historia es inseparable de la propia formación colonial del régimen israelí. La Nakba de 1948 fue su acto fundacional: más de 750.000 palestinos fueron expulsados de sus hogares y tierras, se les negó el derecho al retorno y sus comunidades fueron destruidas y fragmentadas.

Chile alberga una importante comunidad palestina. Muchos de sus miembros llegaron antes de la Nakba, mientras que nuevas oleadas de palestinos se incorporaron a estas comunidades tras 1948 y 1967. La negación del derecho al retorno por parte de Gran Bretaña y el régimen  Israel convirtió así lo que había comenzado como migración en un desplazamiento permanente y en una condición prolongada de refugio.

El régimen de despojo y apropiación de tierras instaurado con la Nakba ha perdurado a través de la colonización de tierras palestinas y la represión sistemática de la resistencia palestina. Para ello, el aparato militar y de seguridad israelí ha perfeccionado prácticas de fragmentación territorial, vigilancia, restricciones a la libertad de movimiento, detención, tortura, desplazamiento forzado y asesinatos.

El genocidio israelí en Gaza y la escalada de asesinatos y desplazamientos forzados en Cisjordania significan una continuación intensificada de las estructuras coloniales establecidas a través de la Nakba. Es precisamente en este contexto de escalada y de dominación continuada que los Acuerdos de Isaac buscan institucionalizar la cooperación política, económica y de «seguridad» con un régimen cuyo poder sigue sosteniéndose sobre la subyugación del pueblo palestino.

La relación entre Palestina y América Latina, por tanto, no es simplemente una cuestión de la “experiencia” israelí desarrollada en Palestina y exportada al exterior, sino de una circulación recíproca del poder colonial a través de redes imperiales más amplias. Antes de la Nakba, la Haganá ya estaba construyendo vínculos políticos y militares en Latinoamérica, incluidos contactos para la venta de armas con gobiernos centroamericanos y con el régimen de Somoza en Nicaragua. Después de 1948, el régimen israelí siguió desarrollando su aparato militar y de seguridad mediante la represión continua del pueblo palestino, al tiempo que ampliaba estas redes por toda América Latina, donde se entrelazaron con prácticas existentes de control colonial y autoritario. En consecuencia, las tecnologías de vigilancia, control territorial, detención, desplazamiento y tortura fueron adaptadas entre distintos contextos y reutilizadas contra pueblos que resistían el despojo y la dominación.

Los Acuerdos de Isaac buscan dar una nueva arquitectura regional a esta historia, conectando a gobiernos, empresas e instituciones de seguridad en torno a la «lucha contra el terrorismo», la «guerra contra las drogas», la tecnología y el comercio. Su importancia no reside simplemente en ampliar relaciones bilaterales, sino en insertar de manera más sistemática el poder israelí en las estructuras políticas y económicas de América Latina.

Los recientes giros de 180 grados demuestran por qué este proceso debe ser confrontado. Tras diecisiete años sin relaciones diplomáticas, Venezuela acordó en 2026 establecer un mecanismo consular con el régimen israelí, revirtiendo la ruptura de 2009 que se produjo tras el ataque israelí contra Gaza. Colombia, por su parte, también está dando un giro: después de suspender las exportaciones de carbón en 2024, el nuevo gobierno ha dado pasos para restablecer las relaciones diplomáticas y reanudar las exportaciones, al tiempo que se retira de la presidencia del Grupo de La Haya.

Sin embargo, la normalización no es ni inevitable ni irreversible. La suspensión de las exportaciones de carbón por parte de Colombia y la ruptura de relaciones diplomáticas por parte de Venezuela demuestran que estos vínculos pueden romperse. La normalización puede y debe ser desafiada; frente a ella, es necesaria una resistencia renovada.

BADIL y la GPRN convocan a los movimientos indígenas, sindicatos, organizaciones estudiantiles, organizaciones de derechos humanos, movimientos de resistencia, organizaciones palestinas y a la sociedad civil de toda América Latina a oponerse a los Acuerdos y a la normalización con el régimen israelí. Esto implica poner fin a la cooperación militar, de seguridad y de inteligencia; rechazar las alianzas económicas y tecnológicas que fortalecen a las instituciones israelíes; y exigir sanciones integrales y otras formas de aislamiento político y económico dirigidas contra la maquinaria genocida del régimen israelí. También implica poner en el centro las voces palestinas y proteger a quienes se organizan y resisten frente a la represión. Los Acuerdos deben ser confrontados como lo que son: un proyecto regional de normalización. Y deben ser combatidos desde las luchas históricas contra el colonialismo, la dictadura y el imperialismo que conectan a Palestina con los movimientos de liberación de Abya Yala.

La próxima publicación de BADIL examinará la complicidad de los Estados latinoamericanos con los crímenes israelíes, desentrañando las distintas formas en que esta complicidad sostiene el colonialismo y el genocidio israelíes. El análisis partirá también de las historias, las fortalezas y las luchas de los movimientos de resistencia de toda Abya Yala.