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PHROC Nakba Statement (Spanish): Paremos la Nakba Continua: Protejamos a les Refugiades Palestines
PR/SP/140519/14
Les refugiades y desplazades internes palestines son la mayor y más antigua población desplazada del mundo. Hoy hay ya 8.61 millones de desplazades palestines, más de dos tercios del pueblo palestino. A pesar de ello, ni las instituciones ni la comunidad internacional han tomado medida alguna para resolver esta ‘Nakba’ (catástrofe) continua como parte de una solución justa y duradera para el pueblo palestino en base al derecho internacional, y como está estipulado en la Resolución 194 de 1948 de la Asamblea General de la ONU y la Resolución 237 de 1967 del Consejo de Seguridad.
Desde 1948 les refugiades y desplazades internes palestines han sido denegades sus derechos fundamentales por Israel y no reciben la protección internacional que deberían. Además de ello, les desplazades palestines están sufriendo nuevas dificultades y obstáculos impuestos por los EEUU. Con el objetivo de eximir a Israel de sus obligaciones y responsabilidades, y eliminar el derecho a la repatriación de les refugiades palestines, el gobierno de Trump ha lanzado una campaña contra la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos (UNRWA) y contra el estatus de les refugiades palestines bajo el derecho internacional. Tras décadas proporcionando un significativo apoyo financiero a la UNRWA, EEUU terminó su financiación de forma abrupta y en estos momentos está presionando para trasladar la responsabilidad por les refugiades a los países de acogida y así gradualmente disminuir los servicios de la UNRWA hasta hacerla desaparecer. La administración de Trump busca revocar el estatus de les refugiades palestines en contradicción directa de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y de la práctica histórica de los estados. Las acciones del gobierno estadounidense son parte de una campaña que busca imponer una solución unilateral a la cuestión de les refugiades palestines, ignorando el derecho internacional, las resoluciones de la ONU, y principios fundamentales de justicia.
La Nakba continua sigue además intensificándose como resultado de las políticas israelíes de traslado forzoso en el territorio ocupado y el desplazamiento secundario de les refugiades palestines en países de acogida como Siria. Otra característica de la falta de protección internacional de les palestines es el tratamiento desigual que reciben en comparación a otras poblaciones de refugiades a raíz de políticas discriminatorias impuestas por terceros países. En este contexto es necesario recalcar que los estados y la ACNUR tienen la obligación de asegurar que les refugiades palestines tengan los mismos derechos que otras poblaciones de refugiades.
Mientras tanto, les desplazades palestines continúan luchando por su derecho al retorno. En la Franja de Gaza, las ‘marchas del retorno’ han sido continuas desde el 30 de marzo de 2018. Las protestas por un derecho al retorno inalienable para la población refugiada de Gaza han sido respondidas con un uso excesivo e ilegal de la fuerza por el ejercito israelí. A 22 de marzo de 2019, 195 palestinos, incluyendo 40 niñes, habían sido asesinades, y alrededor de 29,000 palestines habían sido herides, incluyendo 7,000 con munición real. En mayo de 2018, la ONU formó una comisión de investigación independiente para investigar las acciones del ejército israelí en Gaza. El director de la comisión, Santiago Cantón de Argentina dijo, “La comisión tiene razones para pensar que durante la Gran Marcha del Retorno el ejército israelí cometió violaciones de derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Algunas de estas violaciones pueden constituir crímenes de Guerra y/o crímenes de lesa humanidad y deben de ser investigados inmediatamente…”. En su informe, la comisión recomendó encarecidamente a la ONU y a los estados miembros que activasen mecanismos de justicia internacional como la imposición de sanciones, la Corte Penal Internacional y la jurisdicción universal, para investigar y juzgar a les responsables de dichos crímenes.
La complacencia internacional para con los derechos de les refugiades palestines – particularmente el derecho a reparaciones – permite no solo que la Nakba continúe, sino que se intensifique. La pasividad de la comunidad internacional impacta a aquelles que ya han sido desplazades mientras que simultáneamente facilita futuros desplazamientos de palestines dado que se permite a Israel cometer crímenes con impunidad. Es por ello por lo que terceros estados deben de forma urgente reconocer que cualquier solución justa y duradera a la Cuestión Palestina debe de comenzar por adoptar e implementar una estrategia basada en los derechos. El no hacerlo contribuirá a mantener un status quo en el que la protección internacional está ausente y en la que les palestines están condenados a continuar siendo desplazades.
Por tanto, el Consejo de Organizaciones Palestinas de Derechos Humanos (PHROC) hace un llamamiento a:
Desde 1948 les refugiades y desplazades internes palestines han sido denegades sus derechos fundamentales por Israel y no reciben la protección internacional que deberían. Además de ello, les desplazades palestines están sufriendo nuevas dificultades y obstáculos impuestos por los EEUU. Con el objetivo de eximir a Israel de sus obligaciones y responsabilidades, y eliminar el derecho a la repatriación de les refugiades palestines, el gobierno de Trump ha lanzado una campaña contra la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos (UNRWA) y contra el estatus de les refugiades palestines bajo el derecho internacional. Tras décadas proporcionando un significativo apoyo financiero a la UNRWA, EEUU terminó su financiación de forma abrupta y en estos momentos está presionando para trasladar la responsabilidad por les refugiades a los países de acogida y así gradualmente disminuir los servicios de la UNRWA hasta hacerla desaparecer. La administración de Trump busca revocar el estatus de les refugiades palestines en contradicción directa de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y de la práctica histórica de los estados. Las acciones del gobierno estadounidense son parte de una campaña que busca imponer una solución unilateral a la cuestión de les refugiades palestines, ignorando el derecho internacional, las resoluciones de la ONU, y principios fundamentales de justicia.
La Nakba continua sigue además intensificándose como resultado de las políticas israelíes de traslado forzoso en el territorio ocupado y el desplazamiento secundario de les refugiades palestines en países de acogida como Siria. Otra característica de la falta de protección internacional de les palestines es el tratamiento desigual que reciben en comparación a otras poblaciones de refugiades a raíz de políticas discriminatorias impuestas por terceros países. En este contexto es necesario recalcar que los estados y la ACNUR tienen la obligación de asegurar que les refugiades palestines tengan los mismos derechos que otras poblaciones de refugiades.
Mientras tanto, les desplazades palestines continúan luchando por su derecho al retorno. En la Franja de Gaza, las ‘marchas del retorno’ han sido continuas desde el 30 de marzo de 2018. Las protestas por un derecho al retorno inalienable para la población refugiada de Gaza han sido respondidas con un uso excesivo e ilegal de la fuerza por el ejercito israelí. A 22 de marzo de 2019, 195 palestinos, incluyendo 40 niñes, habían sido asesinades, y alrededor de 29,000 palestines habían sido herides, incluyendo 7,000 con munición real. En mayo de 2018, la ONU formó una comisión de investigación independiente para investigar las acciones del ejército israelí en Gaza. El director de la comisión, Santiago Cantón de Argentina dijo, “La comisión tiene razones para pensar que durante la Gran Marcha del Retorno el ejército israelí cometió violaciones de derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Algunas de estas violaciones pueden constituir crímenes de Guerra y/o crímenes de lesa humanidad y deben de ser investigados inmediatamente…”. En su informe, la comisión recomendó encarecidamente a la ONU y a los estados miembros que activasen mecanismos de justicia internacional como la imposición de sanciones, la Corte Penal Internacional y la jurisdicción universal, para investigar y juzgar a les responsables de dichos crímenes.
La complacencia internacional para con los derechos de les refugiades palestines – particularmente el derecho a reparaciones – permite no solo que la Nakba continúe, sino que se intensifique. La pasividad de la comunidad internacional impacta a aquelles que ya han sido desplazades mientras que simultáneamente facilita futuros desplazamientos de palestines dado que se permite a Israel cometer crímenes con impunidad. Es por ello por lo que terceros estados deben de forma urgente reconocer que cualquier solución justa y duradera a la Cuestión Palestina debe de comenzar por adoptar e implementar una estrategia basada en los derechos. El no hacerlo contribuirá a mantener un status quo en el que la protección internacional está ausente y en la que les palestines están condenados a continuar siendo desplazades.
Por tanto, el Consejo de Organizaciones Palestinas de Derechos Humanos (PHROC) hace un llamamiento a:
- La ONU para que establezca mecanismos de financiación obligatorios, en vez de contribuciones voluntarias, para asegurar una financiación consistente y sostenible para la UNRWA, y para que expanda el mandato de la UNRWA para cubrir los estándares de protección legal a la que les palestines tienen derecho;
- Los estados y Agencias de la ONU, particularmente la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos (UNRWA) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), para que cumplan con sus obligaciones y responsabilidades de proporcionar ayuda y asistencia humanitaria así como protección a les refugiades palestines, y para acabar su exclusión discriminatoria de los sistemas de protección internacional y nacional;
- Los estados miembros de la ONU y al Consejo de Derechos Humanos para que adopten e implementen las recomendaciones del informe producido por la Comisión de Investigación sobre las protestas en el territorio ocupado, incluyendo la activación inmediata de medidas de responsabilidad internacional para presionar a Israel a cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional y para procesar a les responsables de crímenes internacionales.